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Compliance departments struggle with two challenges: to fully comply with a battery of global anti-money laundering (AML) regulations and reduce the costs to do so. These regulations include the USA Patriot Act, the Bank Secrecy Act, Third/ Fourth EU Money Laundering Directives, the Financial Action Task Force (FATF) and IX Special Recommendations, and many more. Global regulations require financial institutions to have a robust AML program to detect suspicious transaction activity by those who use banking resources to launder money or finance terrorism.